130 teléfonos móviles incautados en la prisión de León: un riesgo creciente para la seguridad penitenciaria
La entrada de teléfonos móviles en las prisiones españolas sigue siendo un problema alarmante. En el Centro Penitenciario de León, “se han incautado un total de 130 terminales entre 2020 y 2024”, según datos de la Sección Sindical de Acaip-UGT. Solo en el año 2024 se decomisaron 37 dispositivos, lo que confirma que el contrabando tecnológico sigue siendo una amenaza latente para el control y la seguridad del centro.
Estos dispositivos, prohibidos por permitir a los reclusos sortear los controles de comunicación, son utilizados en muchos casos para mantener contacto con redes criminales o continuar con delitos como la violencia de género, lo que contraviene no solo los protocolos de seguridad, sino también “el mandato constitucional de reeducación y reinserción social”.
Teléfonos cada vez más pequeños
Los móviles, por su tamaño cada vez más reducido y el uso de materiales plásticos, se han convertido en “uno de los objetos más codiciados en prisión”, generando “un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno”. Su detección se complica, ya que “escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados”, aseguran desde Acaip.
A esta problemática se suman nuevos métodos de introducción, como los drones, que “pueden sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión”, convirtiéndose en “vectores de riesgo casi indetectables”.
Falta de personal y medios obsoletos
Desde el sindicato Acaip-UGT denuncian que los funcionarios penitenciarios tienen que afrontar esta situación con “medios claramente insuficientes” y sin “formación especializada ni el número de efectivos necesarios para hacer frente a requisas exhaustivas”. La situación se agrava, según la organización sindical, por “la alarmante falta de personal denunciada en numerosas ocasiones”.
“Queremos poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados penitenciarios que, a pesar de las dificultades, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando”, señala la organización.
Llamado urgente a la Administración
Desde Acaip se reclama una respuesta firme por parte del Estado: “Es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad”. El uso de móviles en prisión “desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”.
“La seguridad de la prisión de León no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios”, concluye el comunicado. El sindicato exige compromiso institucional, recursos humanos y mejoras tecnológicas para garantizar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país.