Ana del Ser se compromete a reforzar la formación judicial en género e infancia
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser López, ha manifestado su compromiso de reforzar la formación en perspectiva de género y en violencia contra la infancia entre todos los operadores judiciales. Así lo ha expresado tras reunirse con representantes de la organización nacional Infancia Silenciada (IS), quienes le trasladaron su preocupación por las “custodias compartidas impuestas” y la falta de protección efectiva a los menores víctimas de violencia machista.
La asociación, integrada por madres y abuelas de todo el país, ha denunciado que “la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia no se está cumpliendo”. Como señalaron, dicha norma pone el foco en la “sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil”, pero en la práctica, aseguran, “las instituciones no cumplen la ley y aquí no pasa nada”.
“Custodias impuestas, amenazas y desamparo institucional”
Durante el encuentro, las representantes de IS relataron situaciones frecuentes en los juzgados, como la imposición de regímenes de visitas con progenitores denunciados por maltrato sin investigar los hechos, el uso de comentarios despreciativos hacia las madres, y presiones psicológicas hacia los menores para que acepten esos vínculos familiares.
“Se nos amenaza con informes psicosociales si no colaboramos, y se obliga verbal o emocionalmente a que los niños quieran a sus padres maltratadores, ignorando por completo el daño que les han causado”, denuncian. Añaden que esta falta de empatía y comprensión es el reflejo de una “violencia institucional que niega auxilio a las víctimas desde las propias instituciones que deberían protegerlas”.
Un observatorio contra la violencia vicaria y más recursos
Ana del Ser López reconoció la gravedad de la situación y señaló que los juzgados que abordan casos con menores “sufren actualmente una preocupante falta de recursos”, lo que dificulta la detección de casos de violencia. Por ello, se ha comprometido a “trabajar con todos los operadores judiciales, en coordinación con los Tribunales Superiores de Justicia de toda España”, y a dotar de los medios necesarios para que esta violencia no pase desapercibida.
Además, la presidenta del TSJ de Castilla y León anunció la futura creación de un Observatorio de Violencia Vicaria, con el objetivo de abordar este problema de forma integral y con la implicación de todos los Tribunales Superiores del país.
Llamamiento a revisar caso por caso
Desde Infancia Silenciada reclaman a la justicia una atención individualizada a cada caso, especialmente aquellos que implican a menores y progenitores con antecedentes de maltrato. “Las decisiones judiciales tienen consecuencias reales y devastadoras en la vida de muchas madres e hijos. Se están imponiendo custodias compartidas con maltratadores, sin que exista acuerdo, y luego no hay forma de corregirlo judicialmente”, denuncian.
En su intervención final, la organización pidió a la presidenta que “acabe con estas aberraciones que ocurren en los juzgados”, y recordaron que “la violencia vicaria y la violencia institucional van de la mano cuando las propias instituciones fallan a quienes deberían proteger”.