El Consejo de Cuentas pide a las diputaciones que omitan "juicios de valor" en la ayuda a domicilio
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, pidió a las nueve diputaciones de la Comunidad, especialmente a las de Salamanca y Palencia, que omitan “juicios de valor” en la adjudicación de los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los municipios menores de 20.000 habitantes para evitar sobrecostes.
Y es que, tal y como señala el informe de fiscalización de los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones en el ejercicio 2022, que presentó Amilivia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, “para obtener las adjudicaciones más ventajosas, desde el punto de vista económico, se anota que las diputaciones deberían incluir en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas”.
Así lo hicieron las diputaciones de León y Zamora, tal y como apuntó Amilivia, dado que “obtuvieron los precios más bajos al incluir en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos”, mientras que en Salamanca y Palencia se dio “mayor importancia a criterios evaluables mediante juicios de valor”, lo que llevó a un coste por hora de 18,95 y 18,39 euros respectivamente, más de un euro por hora superior a la media de precios de adjudicación en la Comunidad, de 17 euros.
Retraso en la Diputación de León
En todo caso, en este y en otros aspectos, Amilivia insistió en la necesidad de minimizar las diferencias en los servicios que reciben los usuarios y en los costes para las administraciones públicas, según la provincia en la que se esté, ya que el contenido de esta prestación “está normalizado” y, por ello, “debería prestarse por igual en toda la Comunidad”, informa Ical.
Por ello, el Consejo de Cuentas, entre sus recomendaciones a las diputaciones, pidió “establecer mecanismos de coordinación a fin de adoptar un procedimiento para la adjudicación de este tipo de contratos de forma uniforme en toda la Comunidad”, tanto desde el punto de vista de los servicios recibidos como de sus precios, para cumplir así con los principios de “eficacia, racionalización y agilidad”, así como con los de “eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.
También recomendó comunicar a la plataforma de rendición de cuentas la formalización de las modificaciones de los contratos de servicios de ayuda a domicilio, ya que aunque es algo que se cumplió “de manera general” por las diputaciones, tres de ellas no comunicaron las modificaciones (Salamanca, Segovia y Zamora) y otras cuatro lo hicieron con retraso (Burgos, León, Palencia y Soria).
Finalmente, Amilivia consideró que “se debe evitar la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de criterios de adjudicación no selectivos de la oferta más ventajosa”, para que no se produzca “una distorsión de la importancia real del baremo previsto en los propios pliegos”.
Cumplimiento “razonable” de la legalidad
En todo caso, Amilivia reiteró que las diputaciones de Castilla y León “cumplen razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada para la prestación del servicio de ayuda a domicilio”, aunque con salvedades como las ya apuntadas o la no remisión por parte de Ávila y Salamanca del documento de formalización del contrato.
Además, estas dos diputaciones, junto a la de Burgos, “utilizaron una fórmula matemática para la valoración de la oferta económica susceptible de otorgar puntos a las ofertas que se limitan a igualar el presupuesto de licitación”, y en Valladolid “se realizaron incrementos indebidos del precio por hora de la prestación”, mientras que en Segovia y Zamora “no procedieron al reajuste de la garantía”.
Ello llevó al Consejo de Cuentas a realizar doce recomendaciones de las que siete afectaron directamente a la Diputación de Salamanca, seis a la de Zamora, cinco a las de Ávila y León, cuatro para Burgos, Palencia y Valladolid, tres para Segovia y dos en Soria.
Eso sí, sobre la publicidad de los contratos, las instituciones “cumplieron en términos generales con las obligaciones legales” y en cuanto a la formalización, “no se detectaron incidencias”, mientras que en la ejecución “consta la recepción de los servicios adjudicados y su facturación y pago conforme a lo establecido en el pliego de las cláusulas administrativas y en el propio contrato”, dentro de un servicio que supuso, en 2022, un valor estimado de 290 millones de euros, financiados al 90 por ciento por la Junta.