León Propone realiza una estrategia nacional para la equidad territorial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una Consulta pública previa para la nueva “Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030", que estuvo abierta entre el 27 de enero de 2025 y 20 de febrero de 2025 para que cualquier interesado pudiera formular aportaciones a la misma. El objetivo es actualizar, con la participación ciudadana, la Estrategia de 2019, para desarrollar una ‘visión de estado’ del principio de cohesión territorial para un desarrollo equitativo y justo de todos los territorios. La consulta se ha articulado en la web del Ministerio un formulario, con siete secciones.
La Asociación León Propone, cuyo objetivo principal es "contribuir a promover el progreso económico, demográfico, social y cultural de la España menos poblada y en especial de la región leonesa", ha presentado diferentes propuestas en 4 apartados. "El vaciamiento poblacional de una parte de importante de la España interior y la superpoblación y mayor desarrollo económico de otra, deriva en gran medida de políticas públicas que han favorecido el crecimiento asimétrico del país, con una clara quiebra de los principios de cohesión y solidaridad territorial. Revertir ese modelo pasa por mutar esas políticas por las mismas que sirvieron a los reyes leoneses para repoblar los territorios que iban reconquistando a las taifas musulmanas: tierras y fueros; hoy, trabajo y ventajas fiscales. Generar empleo de calidad en la España menos poblada y atraer hacia ella población, ayudará no solo a lograr el desarrollo equilibrado y solidario entre todos los territorios del Estado, sino también a mitigar el problema de la vivienda y la calidad de vida en las ciudades y territorios superpoblados".
En el campo de las infraestructuras
En el campo de las infraestructuras, imprescindibles para favorecer el desarrollo empresarial y la movilidad ciudadana, las aportaciones de la asociación leonesa demandan "superar las carencias de las conexiones ferroviarias y viarias del oeste de España". Reclaman para ello la reapertura modernizada la vía férrea de la Ruta de la Plata; la mejora de la conexión de Coruña-León por El Bierzo, para conectar los puertos del Huelva y Cádiz con los del Cantábrico; y las conexiones por ferrocarril con Portugal, incluida una futura conexión Zamora-Oporto. Se expone también la necesidad de completar los enlaces viarios con Portugal en Zamora, Salamanca y Cáceres, en especial completar la autovía Zamora-Alcañices; y concluir las autovías de Ponferrada a Ourense y La Espina (Asturias) y León Valladolid.
Favorecer “ecosistemas para el emprendimiento y oportunidades para la dinamización de la economía” en los territorios menos poblados, pasa por superar la falta de intra emprendimiento derivado del envejecimiento de la población, la falta de ayudas específicas para el asentamiento de tejido empresarial y las diferencias tributarias y de presión de la inspección fiscal entre las Comunidades Autónomas. Para tratar de romper esos retos, se propone: promover el ejercicio de actividades económicas de mercado por parte de las Diputaciones (amparado en los artículos 128 CE y 86 de la LBRL), con un apoyo específico, técnico y económico, del Estado; equiparar la presión de la inspección fiscal al menos en las regiones bajo la fiscalidad de la AEAT, modificando puntualmente las Resoluciones de competencias de inspección de las Delegaciones Especiales de la AEAT; contemplar ventajas fiscales y en las cotizaciones sociales para las empresas radicadas en localidades pequeñas, en la Ley de Fomento del ecosistema de las empresas emergentes y en la Ley de Industria.
En el eje "Efectos de las políticas públicas"
En el eje "Efectos de las políticas públicas", se plantea la necesidad de garantizar que "el despliegue de las energías renovables, con grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en el mundo rural menos poblado, tenga un retorno directo de los beneficios que generan en los territorios que las albergan y garantías efectivas para poder desmantelarlas cuando se agote su vida útil". En el primero de esos retos, se propone "restablecer un ingreso económico directo en favor de las Diputaciones Provinciales en función de la potencia energética que tengan instalada, similar al canon energético que existió en España entre los años 1981 y 1985 (Ley 7/1981), lo que se puede hacer derivando hacia las Diputaciones un porcentaje del IVA que grava la generación o el impuesto a las energéticas; facilitar el autoconsumo, en especial por parte de las comunidades de regantes y las empresas electrointensivas; y mejorar las infraestructuras eléctricas de las provincias productoras para disponer de potencia eléctrica de consumo para nuevas industrias." En el plano ambiental, se reclama evitar estas grandes instalaciones en espacios que gocen de algún tipo de protección medioambiental o agrícola y crear un fondo económico especial para disponer de recursos que permitan restaurar íntegramente los terrenos ocupados por las plantas de generación. Estas propuestas habían sido ya presentadas al Parlamento Europeo y al Senado, y han sido respaldadas por algunos parlamentos autonómicos, diputaciones y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.
“Instituciones eficientes y coordinadas”
Finalmente, se han formulado propuestas en la sección “Instituciones eficientes y coordinadas”, para posibilitar la gestión administrativa en los municipios muy pequeños y en las entidades locales menores. Para ello se considera esencial reforzar el papel de las Diputaciones para la asistencia proactiva de las pequeñas entidades locales y modificar el sistema de financiación local. Las Diputaciones Provinciales y CCAA unipersonales deben prestar los servicios administrativos obligatorios en las entidades con menos capacidad económica y de gestión, por lo que han de poder contar con los recursos humanos y materiales adecuados. El actual sistema de financiación de las haciendas locales pivota sobre la población total y los tributos que generan, lo que beneficia a las provincias y municipios con mayor población, rentas y desarrollo industrial, frente los menos poblados y desarrollados. Se propone modificar este régimen de financiación, para que se tengan más en cuenta criterios como los servicios que se han de prestar; la extensión geográfica y la orografía; o el envejecimiento y dispersión poblacional. También, para poder incrementar la financiación de determinados fondos comunitarios del 60 al 75%, se plantea redefinir el mapa de regiones de nivel 2 (NUTS 2), superando el mapa autonómico.
Desde León Propone "se confía en que estas propuestas, conveniente analizadas, sirvan para que la nueva “Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030" sea una herramienta realmente útil para romper el actual desarrollo asimétrico y distópico del país y que sea aprobada con el necesario consenso para que su ejecución no que pueda verse frustrada por los lógicos cambios políticos."