Inquietud en los 16.000 mutualistas de Muface en León por el futuro de la aseguradora
El modelo por el cual se ofrece la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se encuentra hoy al borde del abismo.
Las tres grandes aseguradoras que forman parte del actual concierto (Adeslas, Asisa y DKV) estudian no acudir a la nueva licitación de este servicio para el periodo 2025 y 2026 cuando caduque el próximo 31 de diciembre.
Rentabilidad económica
Su decisión se basa en un principio de rentabilidad económica y en el caso de no acudir a esta prestación de servicios los más de 16.000 funcionarios leoneses que optan por este modelo sanitario verían comprometida la prestación sanitaria.
Si cae Muface la situación obligaría a que la sanidad pública (Sacyl) tuviera que asumir a este personal lo que conllevaría tensionar al límite un sistema ya en dificultades.
Y no solo eso, además conllevaría que las comunidades autónomas, responsables de este servicio, tendrían que multiplicar el presupuesto destinado a sanidad.
Muface en León
En el caso de León los 16.000 mutualistas generan unas 400.000 recetas anuales con un coste medio por unidad próximo a los 12 euros, según los datos facilitados por Muface.
A nivel nacional el concierto de Muface ofrece cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios, repartidos entre funcionarios en España y en 123 países.
De estos, el 65% son docentes y un 17% pertenece a la Administración General del Estado. Las tres empresas prestatarias del servicio llevan tiempo advirtiendo de las pérdidas de 200 millones de euros anuales que genera este contrato entre 2022-2024.
Crisis
El Gobierno busca desbloquear esta crisis con una subida de la prima del 17,12%, superando el 14% inicialmente ofrecido. Sin embargo, sigue lejos del 38% reclamado por las aseguradoras. Con esta nueva licitación, la cuantía del concierto ascenderá a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, totalizando 2.681 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 304 millones respecto al concierto anterior.
A pesar de este incremento, las aseguradoras han advertido que no participarían en el nuevo concierto si no se mejoraba la oferta inicial del Gobierno, lo que deja en el aire la asistencia sanitaria de más de dos millones de personas.
