'Atasco' judicial en Castilla y León frena la creación de unidades judiciales en León

La situación de los tribunales de Castilla y León no es ajena a la del resto del país y el atasco de los últimos años se ha incrementado y parece cronificarse. Entre 2017 y 2023, el número de asuntos pendientes se han disparado en casi un 69 por ciento, al pasar de los 94.644 de 2017, a los 159.828, pero la situación continúa agudizándose y hasta el tercer trimestre del pasado año habían crecido hasta los 175.676, lo que supone que el incremento sea del 85,6 por ciento.

Durante este periodo -hasta 2023-, los asuntos ingresados por los órganos judiciales de la Comunidad se han incrementado un 9,90 por ciento, hasta los 296.927, mientras que los resueltos solo han crecido un 2,09 por ciento para situarse en los 264.516. Pero a pesar del incremento de la actividad y de la progresiva subida de la tasa de congestión, que ha pasado de 1,37 a 3,51, la plantilla de los juzgados de la Comunidad apenas se ha visto reforzada.

Mientras tanto, según datos de los informes ‘La Justicia dato a dato’, estadísticas que elabora el Consejo General del Poder Judicial y a los que ha tenido acceso Ical, desde 2017 la plantilla de jueces se ha incrementado en doce, hasta los 325 (+3,83 por ciento); la de fiscales en tres, hasta los 131 (2,34 por ciento) y la de letrados un 4,78 por ciento, para alcanzar los 263. Además, el número de funcionarios se ha incrementado poco más de un 7,5 por ciento, al pasar de los 2.601 de 2017 a los 2.798 de 2023.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, argumenta que parte del ‘atasco’ se debe a las dos huelgas de 2023, la de letrados y la de funcionarios, ambas en el primer semestre del año. En este sentido, en su intervención del pasado abril con motivo de la presentación de la Memoria Judicial de 2023, aseguraba que la capacidad de respuesta de jueces y magistrados en asuntos resueltos y resoluciones fue “extraordinaria” y supuso un esfuerzo añadido a la carga de trabajo en el segundo semestre del año para solventar la paralización de la actividad del primero.

Pero junto con las huelgas, Concepción también recuerda que el Covid ha sido el otro gran factor que está detrás de la situación de la congestión judicial, dado que la pandemia provocó la paralización de la actividad judicial total desde el 14 de marzo al 4 de junio de 2020.

Al mismo tiempo, el presidente del TSJCyL lamentaba la sistemática denegación por parte del Ministerio de Justicia a sus demanda de creación de plazas y unidades judiciales en los últimos años. La petición elevada por el TSJ el pasado año, similar a la de ejercicios anteriores, contemplaba la creación de cuatro plazas de magistrado de Audiencia Provincial: dos en Salamanca, una en Burgos y otra en Valladolid, además de nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los partidos judiciales de Ávila, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Palencia; juzgados de Primera Instancia en León, Salamanca y Valladolid; juzgados de lo Penal en Ávila, León, Palencia y Salamanca y juzgados de Violencia sobre la Mujer en Segovia y Zamora. Además se solicitaban un Juzgado de Familia en Ponferrada; un Juzgado de Instrucción en León; un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada; un Juzgado de lo Social en Burgos y un Juzgado de lo Mercantil en León.

Audiencia de Valladolid

Un diagnóstico similar se realiza desde la Audiencia Provincial de Valladolid. No obstante, su presidente, Javier Carranza, argumenta que además del Covid y las huelgas, también hay que tener en cuenta el “notable” incremento de los asuntos entrantes, sobre todo, en las jurisdicciones civil y social. Además, en el caso de la provincia de Valladolid, afirma la alta movilidad de jueces y magistrados, con un gran número de cambios de destino por concurso o por asunción de comisiones de servicio, “ha provocado tiempos muertos en los juzgados afectados por la falta de su titular, lo que repercute en la continuidad de un ritmo normal de trabajo”.

En este sentido, también explica que el incremento de la tasa de litigiosidad se debe, especialmente, a la denominada litigación en masa en el ámbito civil debido al incremento de los pleitos por los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo, los préstamos usurarios o los casos de vulneración de las normas de libre competencia en la venta de automóviles y de camiones.

En cuanto a soluciones, asegura que pasan necesariamente por la “debida creación de órganos y por una adecuada y bien remunerada planificación de refuerzos y auto refuerzos”, a la vez que lamenta la constante negativa del Ministerio de Justicia a la reiterada petición del TSJCyL para la creación de un juzgado de primera instancia. En este sentido, también apunta que se solicitó una plaza de magistrado para la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, que tampoco fue atendida, y recalca que ante la actual situación de los juzgados de lo Social se hace necesario el mantenimiento de medidas de refuerzo

CSIF

Mientras tanto, desde el sindicato CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia de Castilla y León. Su responsable autonómico, Juanjo Banciella, argumenta que junto a motivos coyunturales como los efectos de la pandemia y de la huelga de funcionarios y letrados, hay un grave problema estructural que es la falta de unidades judiciales y la saturación de trabajo en numerosos juzgados.

En este sentido, Banciella explicó que desde CSIF se viene reclamado la creación de veinte unidades judiciales nuevas en la Comunidad, lo que supondría un incremento de la plantilla de funcionarios de casi el 10 por ciento, y advirtió que la situación ‘atasco’ es tan grave que los asuntos que hasta hace poco se resolvían en seis meses, ahora se tarda un año. Además, se refirió al caso de Valladolid, donde desde 2005 no se ha creado ningún juzgado de instrucción y donde los de primera instancia soportan una carga de trabajo del 175 por ciento .

Aunque la Junta no tiene transferidas las competencias de Justicia, para el representante de CSIF también sería oportuno que la Administración Autonómica se implicara en un problema social de este calado y desarrollara el artículo 42 del Estatuto de Autonomía, en el que se contempla la creación del Consejo de la Justicia de Castilla y León, un órgano consultivo que, en su opinión, vendría a mejorar el funcionamiento de un servicio público básico y que afecta directamente a las personas.

Por otro lado, Banciella se refirió la recién aprobada Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reforma que supondrá principalmente que los más de 3.800 juzgados de toda España se transformen 431 en tribunales de instancia, y recalcó que si no viene acompañada de un incremento de personal se repetirá el “fracaso” de las oficinas judiciales, que ni siquiera se han acabado de desarrollar en Castilla y León, ya que solo funcionan las de Burgos, León, Ponferrada, Segovia y Palencia.

Abogados

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, lamenta que la situación es “muy grave” y advierte que “cada vez es más complicada”, dado que los ciudadanos no obtienen en un tiempo razonable respuestas a los problemas que plantean ante la justicia. Además, resalta que la situación es “insufrible” y hace que los propios despachos de abogados se resientan desde un punto de vista económico, dado que los profesionales no pueden liquidar los procedimientos.

Por último, Sanz Orejudo, además de apuntar que desde la abogacía siempre se ha denunciado la falta de medios materiales y humanos que sufre la justicia, también advierte que la puesta en marcha de la Ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia puede provocar otro “importante parón que terminará por colapsar absolutamente la justicia”.