De la financiación autonómica
La vorágine con la que se suceden los acontecimientos en este país nuestro- que no ganamos para sobresaltos- no debe hacernos perder la perspectiva de lo que realmente es importante y tanto nos afecta a todos.
Me estoy refiriendo, claro está, al tan traído y llevado modelo de financiación autonómica, opacado ante otras cuestiones más perentorias- esta semana tocan los gastos en defensa o ese eufemismo con el que se refieren a ellos para no someterlos a aprobación por el Congreso, la que viene ya veremos…- que deberíamos volver a sacar a flote porque incide directamente en nuestro Estado del bienestar, cuya calidad dependerá inexorablemente de los recursos de los dispongan nuestras Comunidades autónomas, todas ellas.
No está de más recordar que las políticas públicas esenciales- sanidad, educación, dependencia…- se sufragan por estas últimas por lo que es mucho lo que está en juego: desde la apertura o cierre de los consultorios en nuestros pueblos, la atención en nuestros hospitales, las plazas escolares, las universitarias, las ayudas a la dependencia para quienes tanto las necesitan y un largo etcétera que, en mayor o menor medida, nos afecta a todos.
Al menos yo lo considero un tema muy importante que parece haberse visto relegado por una condonación (“condenación”) de la deuda que de momento ha acallado las ansias de los independentistas (veremos cuánto tiempo) y de paso le sirve al Gobierno arremeter contra aquellas Comunidades autónomas que, con buen juicio, como la nuestra, se han opuesto a semejante barbaridad.
La reforma del actual sistema de financiación autonómica, de la que tanto se viene hablando, lejos de tratarse de algo lejano que pueda dejarse en manos de los políticos, nos debe preocupar a todos y mucho porque impacta en nuestras vidas...
Pues bien, la reforma del actual sistema de financiación autonómica, de la que tanto se viene hablando, lejos de tratarse de algo lejano que pueda dejarse en manos de los políticos, nos debe preocupar a todos y mucho porque impacta en nuestras vidas, mucho más de lo que seguramente pensamos.
La forma en la que se está acometiendo esa necesaria reforma de la financiación autonómica, para unos como una oportunidad de conseguir lo que no merecen, y, para otros, como la oportunidad de mantener lo que merecen todavía menos- seguir gobernando España- va a acabar atacando el modelo constitucional que nos hemos dado y en el que hemos convivido pacíficamente sin graves problemas hasta hoy.
Ante los últimos acontecimientos que han afectado a esta cuestión, muy preocupantes a mi juicio, considero que ha llegado el momento de alzar la voz contra quienes se empeñan en desfigurar nuestro modelo de Estado, un Estado de las Autonomías que, no siendo perfecto, nos ha traído hasta aquí.
Y es que atendiendo al afán separatista que sustenta al actual Ejecutivo estatal se ha diseñado una estrategia con la que se pretende, como si no pasara nada, un cambio de paradigma constitucional, que perjudica notoriamente a quienes, incluso sabiendo que es mejorable, hemos aceptado un modelo de reparto de los recursos autonómicos que hasta la fecha ha cumplido con principios tan relevantes como la equidad, la igualdad y la solidaridad de todos y para todos.
La huida de la solidaridad que caracteriza a la denominada “financiación singular” pactada de forma bilateral entre el actual Ejecutivo y los independentistas catalanes –“cupo catalán”, vamos a llamar las cosas por su nombre- es, como la califica mi colega el profesor Checa González, sencillamente “insostenible”.
Simplificando para que lo entiendan, si se reducen los ingresos totales del Estado (lo que se denomina comúnmente la caja común), que es lo que en definitiva pretende el referido modelo catalán, quedará menos para hacer efectivo ese principio de solidaridad que, otras Regiones, como es el caso de Castilla y León, consideran que debe ser el hilo conductor de cualquier modelo de financiación al que, como he dicho, solo podemos llegar juntos de la mano a través del correspondiente acuerdo multilateral del que participen el conjunto de las Comunidades autónomas. Solo un acuerdo de tal naturaleza será capaz de responsabilizarlas de las decisiones que se tomen entre las que existirán, seguro, las necesarias renuncias individuales que conlleva el logro del lugar común que satisfaga en la mayor medida posible a todos y a cada uno.
El modelo singular de Cataluña no tiene justificación alguna y, por ello, no debería aprobarse en ningún caso por razones tan contundentes como que está basado en mentiras tan notorias como el déficit fiscal catalán...
Un lugar común que, con mayor o menor fortuna, y con críticas justificadas desde las realidades de gasto a las que se enfrentan nuestras Autonomías, ha venido representado el modelo de financiación autonómica que diseñó la Ley 22/ 2009 que me parece aceptable (aunque, insisto, mejorable) y que, desde luego, no puede sustituirse por un modelo basado en el egoísmo y la insolidaridad de quien pretende ser mejor tratado que el resto, empeorando los problemas de financiación de los demás y, de paso, deteriorando el país en el que todos vivimos en el que no todos vamos a ser iguales ni tener las mismas oportunidades.
El modelo singular de Cataluña no tiene justificación alguna y, por ello, no debería aprobarse en ningún caso por razones tan contundentes como que está basado en mentiras tan notorias como el déficit fiscal catalán- inexistente- y porque el cupo catalán promueve un trato fiscal asimétrico con las restantes Comunidades autónomas atentando de forma perniciosa contra un pilar constitucional que debe informar cualquier modelo de financiación autonómica: el principio de solidaridad.
Un cambio de modelo de financiación de tal calado no puede implantarse sin una reforma constitucional que, de forma velada, se quiere soslayar, por esta afición del actual Ejecutivo de hurtar al poder legislativo, en el que reside la soberanía, una de sus más importantes competencias.
Debemos ser conscientes de las consecuencias que conllevaría en nuestro Estado de Derecho la aprobación de la pretendida “financiación singular” para Cataluña, “singular”, sin duda, pero desde luego nada justa
A ello se suma que los independentistas catalanes exigen además el diseño de una Agencia tributaria de Cataluña en lo que- como denuncian los propios Inspectores de Hacienda- supondría iniciar el desmantelamiento de la AEAT y todo lo que representa este organismo estatal que gestiona actualmente nuestro sistema tributario a partir de bases de datos unificadas y de normas de gestión uniformes que le convierten en un instrumento de eficiencia proverbial para conseguir el cumplimiento de los principios constitucionales tributarios y la lucha contra el fraude fiscal. No se ustedes, pero no veo yo a esa potencial Agencia Tributaria Catalana siendo muy solícita con los requerimientos de información que les haga la AEAT….
Debemos ser conscientes de las consecuencias que conllevaría en nuestro Estado de Derecho la aprobación de la pretendida “financiación singular” para Cataluña, “singular”, sin duda, pero desde luego nada justa, porque en mi opinión desde este inconcebible cambio de modelo de la financiación autonómica y con la forma en la que se está haciendo, se pretenden implosionar los mandatos constitucionales que afectan a la financiación autonómica y todo ello desde una posición unilateral o mejor bilateral si cuenta con la anuencia del Estado, como ocurre en este caso).