Carriedo asegura el "no rotundo" de la Junta a la condonación de la deuda
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy el “no rotundo” del Gobierno de Castilla y León a la condonación de la deuda de las comunidades, aprobada ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la marcha del mismo de los 14 consejeros de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Además, en declaraciones recogidas por Ical en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, afirmó que desde la Junta usarán “todos los medios disponibles para que no se aplique” dicho acuerdo si finalmente se aprueba como Ley Orgánica en las Cortes Generales, en la línea del anuncio realizado hoy por el presidente de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que el Gobierno autonómico acudirá al Tribunal Constitucional para recurrirlo.
Carriedo señaló que, a su juicio, este asunto “no es cuestión de partidos” sino que se trata de “una norma injusta que rompe con el principio de igualdad” al poner en comunidades como Castilla y León “la carga de una deuda que no hemos generado”, por lo que reiteró la “oposición radical de la Junta” a un acuerdo que supondría que los castellanos y leoneses “no solo pagasen su deuda, sino 523 euros más cada uno de una deuda que no han contribuido a generar”.
Posición en contra
Por ello, aseveró que la Junta “va a defender los intereses de Castilla y León” desde una posición “radicalmente en contra” al acuerdo sellado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero que, recordó, “ha planteado Junqueras”. “Pero no le debemos nada a Oriol Junqueras”, sostuvo.
Además, criticó la postura de que “no hay forma de medir la eficacia” y que, por tanto, “hay que dar ese dinero a quien se ha endeudado” que defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien Carriedo respondió que “en Castilla y León hemos demostrado que, con menos deuda, se puede tener la mejor educación, sanidad y servicios sociales de España”, mientras que “otras comunidades lo han gastado en un referéndum ilegal o en embajadas en el exterior”.
Tampoco aceptó el argumento de Montero de que esta es “una cuestión de partido”, ya que “ayer era el momento de escuchar a los territorios” y su posición se mostró como “claramente contraria” al marcharse 14 de las 17 autonomías con presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de la votación, y que aunque no votaron, Carriedo justificó que “dieron su no con un texto llamativo” en el que mostraron el “cansancio de ver que lo que afecta a nuestros territorios se decide fuera de órganos multilaterales, con partidos separatistas y, en algunos casos, fuera de España”.
Apoyó su argumentación con los informes y comunicados desfavorables a la 'mutualización' de la deuda esgrimidos por entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los inspectores de Hacienda o “Felipe González, que no es del PP y fue muy claro ayer” en su posicionamiento en contra de la medida que “no hace que la deuda desaparezca, sino que la asumimos entre todos”.
Finalmente, sobre la posibilidad de expresar su desacuerdo de otra manera que levantándose y marchándose de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, Carriedo justificó que “la opción de quedarnos y votar suponía que la medida contase con el informe favorable del Consejo, como si se nos hubiese informado y estuviésemos de acuerdo”, ya que, como recordó el portavoz de la Junta, el Gobierno cuenta con la mitad de los votos y con una sola comunidad que estuviese de acuerdo (finalmente votaron tres a favor), hubiese salido adelante.
Reforma del sistema de financiación
También se refirió Carriedo a la petición realizada ayer, en el documento firmado por las 14 autonomías del PP, para que se reforme el sistema de financiación autonómica. Un proceso que consideró “difícil entorpecerlo más” por parte del Gobierno cuando “la última noticia que se tuvo fue en diciembre de 2021”, cuando pidieron un primer análisis a las comunidades a las que ahora se ha vuelto a solicitar una actualización de sus propuestas que la Junta hará “con datos y documentación de estos tres años que refuercen nuestros argumentos”.
En ese sentido, Carriedo aseguró que adjuntarán al documento que remitan al Ministerio de Hacienda tanto el informe realizado al respecto por el Consejo de Cuentas, que advierte de la infrafinanciación de Castilla y León, como las mociones y proposiciones no de ley realizadas por las Cortes en este periodo, aunque lamentó que “no es que se vaya muy deprisa y que el Gobierno esté poniendo mucho interés”.
“Para nosotros, es lo más importante que tenía que hacer el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, apuntó Carriedo, que sin embargo volvió a criticar el “nulo interés del Gobierno para tratar este tema con todas las comunidades” y, sin embargo, pactar “con los partidos separatistas” un acuerdo con el que “mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa”.
Al respecto, afirmó el portavoz de la Junta: “No nos gustaría que el Gobierno alcanzase un acuerdo de financiación con un partido separatista y nos lo quisiesen imponer”, y reiteró la necesidad de que la reforma del sistema de financiación de las comunidades se trate de manera “multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
