El Gobierno anuncia que el Estado condonará 3.643 millones de deuda a Castilla y León
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hoy que el Estado asumirá 3.643 millones de euros de la deuda de Castilla y León, en el marco de la condonación a todas las comunidades autonómicas, cuya cifra global asciende a 83.252 millones de euros. Se trata, según el ejecutivo central, de una medida “sin precedentes” que beneficia a todas las autonomías de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado, tal y como recogió Ical.
Esto supone que el Estado condonará la deuda del 26,27 por ciento de Castilla y León tras la aplicación de la fase 1, la única que afecta a la Comunidad, que no se verá beneficiada ni por las fases 2 ni tres, según la metodología elegida por el Gobierno y que se analizará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. Así, da un saldo de 1.369 euros por habitantes.
Esta propuesta, según informa el Gobierno, se ha enviado hoy mismo a las autonomías para su debate en el CPFF, cuyo objeto es corregir el sobreendeudamiento derivado de la crisis financiera, que “contrasta con el apoyo” recibido durante el mandato de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania.
“Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado”, señaló Montero. En este sentido, la ministra recordó que las comunidades que no tengan deuda con el FLA también se beneficiarán de la condonación, ya que el Estado asumirá parte de la deuda que tengan con terceros.
La vicepresidenta primera emplazó a todas las comunidades a tener un “debate constructivo y en positivo” sobre esta medida en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Creo que sería difícil de entender para los ciudadanos rechazar algo así”, sentenció Montero.
“Con menos deuda, hay más Estado de Bienestar”, señaló Montero al explicar que, gracias a esta medida del Gobierno, las comunidades “verán reducido de forma significativa su pasivo y estarán en mejor posición para reforzar servicios públicos como la sanidad o la educación”.
Asimismo, la titular de Hacienda resaltó que esta actuación “inédita” permite a las comunidades ganar autonomía financiera y facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones. De esta forma, “se avanza hacia la normalización financiera de las comunidades, algo que no ocurre desde antes de la crisis financiera de 2008”.
Montero explicó que el Ministerio de Hacienda ha remitido hoy mismo a los gobiernos autonómicos la información con la metodología que establece la cuantía de la deuda a condonar. Son criterios “técnicos, trasparentes e iguales para todas”, incidió. De esta forma, las comunidades conocen el importe que les corresponde y tienen tiempo para poder analizar los datos de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, donde se votará la propuesta.
La vicepresidenta primera destacó que la condonación de parte de la deuda autonómica es “coherente con la política de apoyo a las comunidades que el Gobierno progresista ha brindado desde el primer día para garantizar los recursos suficientes a las comunidades para prestar servicios públicos de calidad en contextos muy complejos como una pandemia o el impacto de la guerra de Ucrania”.
Esa política ha permitido, conctinuó, que en los siete años de Presidencia de Pedro Sánchez, los gobiernos autonómicos reciban, excluyendo los fondos europeos, “300.000 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy”. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 30.000 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a las autonomías o los 4.400 millones de liquidaciones negativas que el Estado asumió, entre otras actuaciones. Montero expuso que con este Gobierno todas las administraciones territoriales han recibido la “mayor financiación de su historia”.
Metodología para la condonación
La condonación de parte de la deuda autonómica es un paso más en esa dirección de “fortalecimiento” del Estado de las autonomías, que además cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC y permitirá a todas las comunidades de régimen común liberar recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.
La ministra de Hacienda explicó que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que “la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las comunidades”. De hecho, se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras.
La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.
En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado. El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre comunidades autónomas.
Para ello, la metodología se divide en tres fases. Una primera, con el grueso del reparto de la condonación, que se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75 por ciento del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las regiones se sitúa en el 19 por ciento de su deuda a cierre de 2023. Para el caso de Castilla y León, este capítulo por población (2,66 millones de población ajustada media) supone el cien por cien del total de la cifra de condonación, es decir, los 3.643 millones.
La Comunidad queda fuera de las fases 2 y 3. Estas son, primero, aquella en las que el objetivo es que ninguna comunidad quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva en aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19 por ciento de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación, solo para cinco comunidades (Cataluña, con 6.371 millones; Valencia, 4.493 millones; Murcia, con 358 millones), Castilla-La Mancha, con 170; y Baleares, con 122 millones).
Deuda por comunidades
Y la última fase, para la que se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.
En segundo lugar, se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10 por ciento para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un cinco por ciento para las que lo hayan hecho por debajo de la media. “Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal”, señala el Ministerio.
El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada comunidad será el 50 por ciento de su deuda a 31 de diciembre de 2023.
Los ajustes más relevantes que contempla la metodología propuesta tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.
