UPA-COAG pide a la Junta que los remolacheros puedan incumplir el contrato agroambiental
La Alianza UPA-COAG reclamó a la Junta que no se penalice a los productores sujetos a contrato agroambiental a sembrar remolacha esta campaña 2025/2026 ante los “precios ruinosos que han ofrecido las industrias y que hacen inviable la producción”.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG hace un llamamiento a la responsabilidad de las industrias azucareras de la Comunidad, y a la propia Junta, para que se sienten y aborden el tema “con la destreza que la situación requiere, permitiendo a los remolacheros incumplir el requisito de siembra del contrato agroambiental o sacando una línea de ayuda adicional para que los agricultores sigan sembrando”. En todo caso, reclama que se busque una solución “en unas fechas en las que en breve hay que decidir, o no, la siembra de este cultivo en nuestra región”.
El contrato agroambiental plurianual de remolacha (Cultivos Agroindustriales Sostenibles) obliga por ley a los productores acogidos a la siembra de remolacha durante cinco años, pero “las circunstancias excepcionales de esta campaña, con precios mundiales bajos del azúcar, convierten su siembra esta campaña en una ruina para los remolacheros”, afirmaron desde la organización profesional agraria (opa).
No cumplimiento de los compromisos
Por este motivo, la Alianza UPA-COAG pidió a la Junta que actúe y permita “de forma excepcional el no cumplimiento de los compromisos, y por lo tanto que la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor”, informa Ical.
La opa también recordó que según la Ley actual a día de hoy no está permitido que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores “lo estaría incumpliendo”. “Si se atenta contra la Ley de la Cadena Alimentaria, la Alianza UPA-COAG analizaría emprender las pertinentes medidas legales al respecto”, agrega.
“La excepcionalidad de los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador una campaña como ésta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la agroambiental”, finalizaron desde La Alianza.
