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Declarado ilegal el parque eólico de Espina de Tremor, en la localidad de Igüeña

La anulación se justifica por sus efectos sobre el urogallo cantábrico | El parque había sido anulado por el Tribunal Supremo y la Junta volvió a autorizarlo en 2022
 
El Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de León ha declarado ilegal el parque eólico Espina, en la localidad berciana de Igüeña.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de León ha declarado ilegal el parque eólico Espina, en la localidad berciana de Igüeña.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de León ha declarado ilegal el parque eólico Espina, en la localidad berciana de Igüeña, promovido por Naturgy, según desveló hoy el despacho de abogados Cordal. 

Se trata de un complejo ubicado a 80 metros de la zona protegida Red Natura 2000 en Espina de Tremor que ya había sido anulado en 2017 por el Tribunal Supremo, después de su entrada en funcionamiento en el año 2010.

Tras esa sentencia, el parque cesó su actividad, aunque volvió a conseguir autorización de la Junta de Castilla y León en el año 2022, una decisión que fue recurrida por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica.

Catanderos de urogallo

Ahora la justicia da la razón al colectivo ecologista y declara ilegal ese parque ya que aprecia el peligro existente en esta zona, tras la aparición de un urogallo muerto a los pies de un molino en un parque vecino que se ubica a tan solo diez kilómetros del Parque Eólico Espina".

El Juzgado concluye que existían cantaderos de urogallo situados cerca del parque eólico Espina y que, coincidiendo con su construcción y puesta en marcha, disminuyó su número, como el de urogallos. También ve un posible fraude en la tramitación, dado que el parque ha sido legalizado a nivel ambiental como si aún no estuviese operativo cuando lleva construido desde 2010 y “sin tener en cuenta los efectos negativos causados durante su funcionamiento ilegal en el pasado”.

Recuperación de la legalidad

Según el abogado letrado que se ha encargado del caso, Víctor A. Bayón, esta sentencia “restaura la legalidad ambiental en la zona”, aplicando de modo correcto lo previsto en el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico.