Los centros veterinarios de León cierran sus puertas en señal de protesta

Este martes 11 de febrero a las 11.00 horas los centros veterinarios de León y provincia cerrarán sus puertas durante una hora en señal de protesta por una normativa que les imposibilita ejercer su trabajo, poniendo en serio riesgo la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente.

A comienzos de este año, entró en vigor el RD 666/2023 que regula el uso de medicamentos veterinarios y establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Estas limitaciones, señalan desde CEVE León, son consideradas "excesivas y arbitrarias", y dificultan la labor de los veterinarios, ya que les impiden decidir el mejor tratamiento según cada caso clínico. "Además, la norma introduce una burocracia innecesaria, obligando a registrar cada receta en un sistema específico."

Riesgos

Esta situación, aseguran, no solo afecta a la profesión veterinaria, sino que también pone en riesgo la salud animal, la salud pública y el medioambiente. En la práctica, "impide tratar adecuadamente a los animales, lo que en algunos casos puede llevar a la eutanasia por falta de opciones terapéuticas."

"El Reglamento Europeo 2019/6 que regula los medicamentos veterinarios, permite que los veterinarios dispensen fármacos, siempre que las restricciones sean justificadas y proporcionales al riesgo que se quiere evitar. Sin embargo, España ha impuesto una normativa mucho más estricta que la mayoría de los países europeos, limitando la actuación de los profesionales y generando un impacto negativo en la atención a los animales", sentencian desde CEVE León. 

Además, añaden que, "los datos muestran que los antibióticos para animales de compañía representan solo el 0,08% del mercado farmacéutico, por lo que estas restricciones no tienen un impacto significativo en el control de la resistencia a los antibióticos. En cambio, sí afectan a la relación entre las personas y sus mascotas, que desempeñan un papel clave en el bienestar emocional, la salud mental y la compañía en situaciones de enfermedad o soledad."

Asimismo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que "los veterinarios son los profesionales más cualificados para gestionar el uso de medicamentos en animales y garantizar la salud pública. A pesar de ello, España sigue impidiendo que ejerzan esta función, a diferencia de la mayoría de los países europeos."

Gran rechazo en el sector veterinario

Este cambio normativo ha generado un amplio rechazo en el sector veterinario y entre los propietarios de mascotas, que ven cómo se limitan las opciones de tratamiento sin una justificación clara basada en la evidencia científica.

CEVE León defiende que los consumidores tienen derecho a recibir servicios profesionales de quien mejor pueda ofrecérselos, así como a contar con la mayor facilidad para acceder a los medicamentos que necesitan. "La realidad y las necesidades sociales en España con respecto a los medicamentos veterinarios son muy distintas a las que pretende imponer la legislación, la cual se opone a la reglamentación europea, al mercado único y vulnera los derechos de los consumidores. Además, cuestiona la presunción de inocencia de todo un colectivo profesional y pone en riesgo la salud animal, la salud pública y la protección medioambiental, sin aplicar el principio de necesidad por interés general ni la proporcionalidad respecto al riesgo que justifica la norma."

Por todo ello, los empresarios veterinarios solicitan la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, “eliminando la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento veterinario y permitiendo la libre dispensación de medicamentos por parte de los veterinarios en igualdad con el resto de los países comunitarios”, así como “la derogación del RD 666/2023 por incumplir la legislación europea y no ajustarse a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud animal y salud pública” y “el retorno inmediato al tipo reducido del IVA aplicado a los servicios veterinarios para garantizar la protección de la salud pública y mejorar la accesibilidad de la población”.