Inquietud en Incibe por la puesta en marcha de un Centro Nacional de Ciberseguridad que le deja en un segundo plano

El Gobierno 'desnaturaliza' el futuro del Incibe. Al menos, sobre el papel eso es lo que se temen los sindicatos con representación en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. "Crear un organismo superior supondrá la pérdida de recursos económicos y de proyectos que se irán a otros lugares, suponemos que Madrid", han remarcado en las últimas horas al Heraldo de León.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Una decisión que conlleva la creación de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad que crecerá al margen del actual Incibe y que lo hará con un efecto dominante sobre el centro que se ubica en León.

Fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien anunció una decisión que según se ha remarcado desde el centro leonés deja "fuera de juego" al actual y que ha pillado a los trabajadores "fuera de juego".

Proyectos 'paralizados'

"Nosotros éramos conscientes de que hay proyectos o posibilidades de crecimiento paralizadas. Es verdad que disponemos de más recursos pero para administrar, no para emplearlos en el crecimiento de Incibe como núcleo de la ciberseguridad y eso ya nos hacía sospechar", han remarcado.

El Incibe tiene sobre la mesa la realización de una segunda torre que debería ampliar sus competencias pero también ahora eso se pone en cuestión.

Organismo superior para minimizar Incibe

El Gobierno, por lo ahora advertido, ha puesto empeño en crear un órgano paralelo, más competencial y con dominio sobre el Incibe, que perderá protagonismo. "El uso de las redes y sistemas de información se ha convertido en crucial para el desarrollo de la inmensa mayoría de nuestras actividades sociales y económicas. Estas redes están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras", ha defendido el ministro. 

La futura norma supondrá la incorporación al ordenamiento jurídico de la Directiva europea de 2022 que exige a todos los estados miembros que adopten medidas que garanticen un nivel común de ciberseguridad, así como la obligación a los países de la UE de que se doten de las capacidades necesarias en materia de ciberseguridad para reducir las amenazas. Según ha explicado el ministro del Interior los efectos de los incidentes cibernética representan una grave amenaza, ya que pueden llegar a perturbar las actividades económicas, mermar la confianza de los usuarios y ocasionar grandes daños a la economía, la sociedad y también, por supuesto, a la seguridad nacional.

Borrador

El titular de Interior ha detallado que el borrador contempla que las entidades públicas o privadas a las que afectan las normas de ciberseguridad que se implanten tiene que tener su residencia fiscal en España o, en caso de otro estado de la UE, ofrecer sus servicios o desarrollar sus actividades en nuestro país.

El Centro Nacional de Ciberseguridad. Este anteproyecto prevé además la creación de este centro, que en principio se conforma con los tres equipos de respuesta a ciberamenazas.

El Centro Nacional de Ciberseguridad actuará como "autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad", y la idea es que coordine y supervise la ejecución de esas tres agencias.

Es precisamente en ese punto donde los actores sindicales creen que Incibe cederá su esencia ya que dejará de atender al sector público y cede la capacidad que podría tener en Defensa, donde hasta ahora ha jugado un papel fundamental incluso ante organismo como la OTAN.

Los sindicatos, eso sí, remarcan que estarán "muy atentos" a la evolución de las medidas que se puedan tomar. "Lo único cierto es que todas las competencias que ahora se creen se podrían asumir en un proyecto ampliado de Incibe. Y la realidad es que Incibe ahora queda reducido en su marco competencial y perderá actuaciones como las de Defensa y sector público, claves en su desarrollo".