La reforma judicial afectará en León a la tramitación de los delitos por violencia sexual

"En plena reforma organizativa de la Administración de Justicia el ministro Bolaños deja fuera de la misma la tan necesitada y obligatoria especialización del personal al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia sobre las mujeres y otros delitos sexuales".
Es la denuncia que este miércoles ha materializado Comisiones Obreras remarcando que en aquellos partidos judiciales cuya nueva organización de Tribunales de Instancia se va a implantar el próximo 1 de julio y que se corresponden con juzgados de primera instancia e instrucción de Astorga, La Bañeza, Cisterna, Sahagún y Villablino (80 partidos judiciales en el ámbito gestionado directamente por el ministerio de Justicia), "las funciones de violencia sobre la mujer que actualmente son asumidas por un único juzgado dentro del partido judicial, quedarán diluidas en un amplio y único Servicio Común de Tramitación en la que la especialización sobre este asunto dejará de tener significado alguno para convertirse en un asunto más junto al resto de pleitos civiles y penales".
Pacto de Estado
"Si el Ministerio de Justicia no rectifica y sigue sin atender las reclamaciones de CCOO, las decenas de funcionarias y funcionarios destinados en estos servicios comunes podrán llevar a cabo, sin distinción ni especialización, los asuntos judiciales relacionados con la violencia sobre las mujeres y agresiones sexuales, sin siquiera recibir la formación especializada en perspectiva y violencia de género que exige el Pacto de Estado", añade.
Según Comisiones Obreras además de las propias víctimas, los trabajadoras que en la actualidad llevan la tramitación de los asuntos de violencia sobre la mujer verán, una vez más, el desprecio del Ministerio de Justicia a la tan traída y llevada especialización de asuntos de violencia sobre la mujer, la falta de consideración profesional y retributiva de sus años de experiencia y de responsabilidad en unas condiciones laborales penosas, de largas jornadas de trabajo que exceden, en la mayoría de los días, de su jornada laboral y, además, en dependencias judiciales que no en todos lo casos están acondicionadas para garantizar la intimidad de la víctima y su separación física de su agresor", remarca el sindicato.