Cerredo: los permisos sin completar y las 60.000 toneladas de antracita para hacer una "investigación"
Cinco mineros leoneses murieron el pasado 31 de marzo en una explosión por acumulación de grisú en el complejo minero de Cerredo, en Degaña (Asturias). Lo que en un primer momento fue una tragedia accidental ha terminado por abrir un auténtico escándalo sobre las condiciones legales, técnicas y políticas que rodeaban a la explotación.
Según ha confirmado el Gobierno del Principado de Asturias, la empresa titular de la mina, Blue Solving, no contaba con el permiso de extracción ni de investigación de carbón activado en el momento del siniestro. A pesar de ello, tenía previsto sacar 60.000 toneladas de antracita bajo el paraguas de una supuesta actividad de investigación. Una cantidad que, en opinión de muchos expertos del sector, supera ampliamente lo que se considera razonable para tareas exploratorias.
Alerta previa de las autoridades
Las dudas sobre la legalidad de la operación no son nuevas. El Instituto para la Transición Justa y la Abogacía del Estado ya habían advertido en 2020 que la venta de los activos de la antigua Compañía Minera Astur Leonesa —titular original de Cerredo— a Combustibles Asturiana y Leonesa (empresa vinculada a la familia dueña de Blue Solving), estaba sujeta a las condiciones impuestas por la Unión Europea para el cierre ordenado de explotaciones mineras. Dichas condiciones prohibían expresamente la reanudación de la extracción sin la devolución previa de las ayudas europeas percibidas.
Pese a ello, en 2024 el Principado concedió a Blue Solving un permiso para extraer esas 60.000 toneladas, formalmente con fines de "investigación".
Señalamientos directos y dimisión política
La tragedia ha terminado por salpicar al Gobierno asturiano. Este martes, durante su segunda comparecencia ante el Parlamento autonómico, la ya exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, fue tajante: «No solo hay indicios, hay evidencias de lo que pudo pasar», señaló. Unas palabras que apuntan de forma directa tanto a la empresa titular como a la dirección técnica de la mina.
La presión política acumulada durante dos semanas ha terminado por costarle el cargo. Díaz anunció al término de su intervención su dimisión irrevocable, tras semanas de críticas por parte de la oposición, que pedía su cese. Alegó que no desea ser «un obstáculo para conocer la verdad y se haga justicia».
Un futuro bajo investigación
Ahora, la atención se centra en la actuación de Blue Solving, pero también en el papel del Gobierno autonómico en la concesión de un permiso que, según los expertos legales y del sector minero, nunca debió autorizarse en las condiciones en que se hizo.
El accidente de Cerredo no solo ha puesto en cuestión la seguridad en el sector minero, sino también el sistema de vigilancia institucional sobre las empresas que operan con recursos públicos, ambientales y humanos. Mientras las familias de los cinco mineros enterraban a sus seres queridos, una maraña de intereses, omisiones y posibles ilegalidades comienza a desenredarse en los despachos y tribunales.
El eco de la explosión aún resuena en Asturias. Pero ahora lo hace también en forma de preguntas que exigen respuestas.
