RMD recibe la multa 26 por no completar el desentierro de residuos neumáticos
La empresa leonesa RMD ha recibido la multa número 26 por no completar el desentierro de residuos neumáticos, según ha denunciado Ecologistas en Acción León.
Ecologistas recuerda que se trata de una sanción de 2.000 euros correspondiente a multa “coercitivas”. Para los Ecologistas se trata de "un alquiler barato por mantener allí tales residuos, frente al costo de desenterrarlos, trasladarlos, y entregarlos a gestor autorizado, con el costo correspondiente, que se ahorra".
"Si tras 26 sanciones (10 años sin rematar la faena) la Junta pensara que las multas son realmente coercitivas y están apremiando a RMD estaría en otro planeta; por el contrario, es evidente que está amparando, voluntariamente, la inacción de RMD con la suya propia, favoreciendo la contaminación de las aguas subterráneas", recuerda Ecologistas.
Años de contaminación
En el mismo comunicado recuerdan que la sanción "no tendría gran relevancia si estas aguas no se estuvieran contaminando con metales susceptibles de generar graves patologías en los consumidores de agua de los sondeos de la zona, tras 19 años contaminándose por hierro, cobre, cinc y plomo".
Ecologistas, por último, insta a la Junta a que de forma subsidiaria "elimine los residuos, enterrados en unas cinco hectáreas de Villanueva del Carnero, cargando los gastos a la mercantil, no lo acepta. Ya hace casi dos años, a nuestro requerimiento respondió que lo que están haciendo, con multas coercitivas, es conforme a la ley. Pero no abordan ni solucionan el problema de la contaminación".
Europa en el caso
La mercantil está obligada a la retirada de estos residuos por Resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, de enero de 2014, tras la exigencia de la Comisión Europea.
Ecologistas ya ha notificado esta situación a dicha Comisión, para que se implique en el tema, y cumpla su compromiso, hecho por carta a Ecologistas en Acción: “La Comisión se reserva el derecho de reactivar este procedimiento de infracción en caso de que las autoridades españolas no atendieran a su compromiso”.
