Amilivia califica de "pleno éxito" la colaboración de los órganos que luchan contra la corrupción

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, afirmó el lunes 24 de marzo, en Salamanca, que “las instituciones de autogobierno, de control externo, bien sea previo o a posteriori, se han convertido en la práctica en garantes de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos, de la transparencia y la calidad democrática”.

Pronunció en la mañana del lunes la conferencia inaugural del VI Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción en el salón de actos del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, donde el evento, con un centenar de inscritos, se desarrolla hasta el viernes 28 de marzo.

A la vista del trabajo de control de los recursos públicos realizado en los últimos 23 años, Amilivia consideró un “pleno éxito” la colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y estos órganos autonómicos de control externo, aunque dijo que, en aras a mejorar aún más su funcionamiento, “resultaría útil establecer una regulación y un procedimiento, instrumentos de colaboración en el marco de las correspondientes comisiones de coordinación”. 

Así, con esta delimitación de los ámbitos de actuación en el modelo español de fiscalización externa se evitarían posibles disfunciones como la regulación de auditorías que no gocen de consenso, duplicidades de fiscalizaciones o solapamiento de actuaciones que, en algún momento, se han podido producir”.

Colaboración y coordinación

A pesar de que la regulación constitucional establece una superposición del Tribunal de Cuentas sobre los órganos autonómicos de control externo, subrayó que esta ha conllevado una ejemplar colaboración y coordinación. Además de ello, en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo de Cuentas, este ha aprobado 300 fiscalizaciones multiplicando por seis la capacidad de auditar esta comunidad autónoma y recogiendo en ellas 2.500 recomendaciones para la mejora de la gestión pública y de la transparencia de las administraciones. Recomendaciones de las que se realiza un seguimiento permanente.

El Consejo de Cuentas fiscaliza a cerca de 5.000 entidades públicas y unos 15.000 millones de euros.

Con relación al papel de los consejos y cámaras de cuentas y la lucha contra el fraude y la corrupción, aseguró que la solución ofrecida ante la creciente preocupación nacional e internacional “ha sido absolutamente heterogénea entre las comunidades autónomas”. En Castilla y León, adscrita al Consejo de Cuentas, se nombró el pasado mes de junio al titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL), Luis Gracia, -presente en el acto- quien desde entonces ha desarrollado una intensa actividad, de la que se dará cuenta en los próximos meses a las Cortes de Castilla y León.

Este organismo se creó con la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas para cumplir tanto con lo establecido en una directiva de la Unión Europea como con la normativa estatal. Su puesta en marcha como canal externo de denuncias no ha estado exenta de dificultades.

Con todo ello en estos meses se aprobó la plantilla inicial y se registraron las primeras incorporaciones de personal. Se aprobó tanto procedimiento de gestión de informaciones como el de protección de la persona informante. Asimismo, se puso en marcha la página web y se creó el canal externo de denuncias. También se realizó un estudio sobre la implementación de los sistemas internos de información en Castilla y León, y se creó un registro de los canales internos de denuncias, publicándose una primera guía sobre sistemas de alerta en el ámbito de la contratación pública, e instruyéndose ya más de 40 denuncias de irregularidades.

Lucha contra la corrupción

No obstante, reflexionó que “cabría preguntarse si la adscripción de la Autoridad Independiente al Consejo de Cuentas es el encaje institucional más adecuado cuando este no tiene en su regulación ningún tipo de competencias directas en materia de lucha contra la corrupción”. O si, por el contrario, “parecería más lógica la plena independencia, la plena autonomía, también orgánica y presupuestaria, de la Autoridad Independiente” con una modificación legislativa.

Con la asistencia del Rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, fue el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la sazón actual presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de España, Manuel A. Cardenete, el encargado de presentar a Amilivia, quien inició su conferencia explicando el modelo constitucional de fiscalización externa de las cuentas públicas en el que coexisten el Tribunal de Cuentas (TC) y los órganos de fiscalización autonómicos. 

Situación diferente -argumentó- es la que afecta al Consejo de Estado y a los consejos consultivos, como el de Castilla y León, ya que, en la práctica, este sustituye al Consejo de Estado en el control previo de la legalidad de la actuación administrativa. 

Durante 20 años la función fiscalizadora fue ejercida en solitario por el TC, en las que realizó solo 45 fiscalizaciones sobre Castilla y León. Tras la creación del Consejo de Cuentas (2002) coexistieron ambas instituciones durante casi 23 años. 

A este respecto, antes del funcionamiento del Consejo de Cuentas nunca se habían fiscalizado en el ámbito local 7 de las 9 capitales de provincia, ni 6 de las 9 diputaciones ni 2.239 de los 2.248 ayuntamientos ni el Consejo Comarcal de El Bierzo ni ninguna junta vecinal.

300 fiscalizaciones

En el ámbito autonómico solo se habían fiscalizado la Cuenta General de la Comunidad, el Fondo de Compensación Interterritorial y la contabilidad electoral. En contraste, hasta ahora se han alcanzado 300 fiscalizaciones y emitido 2.500 recomendaciones con un amplio grado de aceptación y cumplimiento por parte de los entes fiscalizados.

Y a todo ello, incorporando en los últimos años la realización de informes que abordan nuevas materias que afectan a la sociedad como la ciberseguridad de los ayuntamientos, la administración electrónica, la protección del medio ambiente o políticas de igualdad efectiva entre géneros.

En esta línea, remarcó la realización de auditorías de seguridad informática desde 2021, siendo pioneros en la fiscalización de la ciberseguridad en las entidades locales junto a la Sindicatura de Cuentas de Valencia. Hasta ahora, se han finalizado 15 de estas en las que se proponen recomendaciones de mejora.

También destacó Amilivia que durante estos seis años al frente del Consejo ha realizado 63 comparecencias, el 54% de toda la serie histórica de esta Institución, en las que ha presentado en el Parlamento autonómico 137 auditorías con el fin de fomentar la labor de control parlamentario de las Cortes. Tarea que se realiza en aras a la transparencia y a conseguir una mejor gestión pública.