Castilla y León mantiene la tasa más baja de denuncias de víctimas de violencia de género

Castilla y León se mantuvo el pasado año como la autonomía con la tasa más baja de mujeres víctimas de violencia de género cada 10.000 habitantes con 46,8, lo que supone 5,7 puntos menos que en 2023. Por su parte, la media nacional fue de 74,2, cinco puntos más baja que en 2023. En total, según los datos dados a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ), fueron 6.052 las denuncias presentadas, lo que supone un descenso del 4,7 por ciento con relación a 2023, cuando se contabilizaron 6.353.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 118,7 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 102,5; Canarias, con 95,1; Comunidad Valenciana, con 94,9; Murcia, con 92; Andalucía, con 82,6; y Madrid, con 78. Las tasas más bajas se contabilizaron en Cantabria, con 66,8; Aragón, con 64,2; Asturias, con 61,5; Cataluña, con 60,9; Castilla-La Mancha, con 60,8; País Vasco, con 56,4; Extremadura, con 55,5; La Rioja, 52,4, y Galicia, con 51,6.

10,6 por ciento menos víctimas en 2024

El pasado año se registraron en la Comunidad, 5.680 víctimas de esta lacra, un 10,6 por ciento menos que en 2023, de las que 3.833 (-11,1 por ciento) fueron españolas, y el resto, 1.797 (-9,6 por ciento), extranjeras. En el conjunto de España, dos terceras partes de las víctimas (62,93 por ciento) eran españolas. Por el contrario, lo que sí aumenta son las víctimas menores de edad. En este caso las españolas se incrementa un 93,3 por ciento, al pasar de 15 a 29, mientras que las extranjeras menores se redujeron un 12,5 por ciento, al contabilizarse siete casos, uno menos que en 2023.

El documento, recogido por Ical, también se recoge que se incoaron 1.880 órdenes de protección, un 1,2 por ciento más que en 2023. Del total de estas órdenes, se adoptaron 1.372 (-2,7 por ciento) y fueron denegadas 505. A nivel nacional se solicitaron un total de 49.268 órdenes, un 3 por ciento menos que en 2023. De ellas, fueron acordadas 33.247 y se denegaron otras 15.827, un 6,5 por ciento y un 5 por ciento menos más que en 2023, respectivamente. Los órganos judiciales acordaron el 67,48 por ciento de las órdenes de protección que les fueron solicitadas.

En cuanto a sentencias, se dictaron 706 condenatorias, un 86,7 por ciento del total. Además, fueron enjuiciados 817 personas, lo que representa un 10,6 por ciento más, de las 495 fueron españolas y 212 extranjeras.