La denuncia por anomalías en el seno de Jucil llegan a los Juzgados de León
La ciudad de León se ha convertido esta semana en el centro neurálgico del conflicto interno que sacude a Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la asociación profesional con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León ha citado a declarar este jueves al secretario general de la organización tras la denuncia presentada por un grupo de socios y exresponsables provinciales.
Los demandantes, agrupados en la plataforma interna Regeneremos JUCIL, acusan a la actual dirección de la asociación de haber vulnerado sus derechos al abrirles expedientes disciplinarios “sin base estatutaria” y de forma “irregular”. Según afirman, esta maniobra habría servido como justificación para impedirles participar en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 10 de marzo en Madrid, en la que se debatieron decisiones clave sobre el futuro de la asociación.
“Una deriva autoritaria preocupante”
“Nos han apartado de forma deliberada para silenciar voces críticas”, sostienen los denunciantes, quienes consideran que la exclusión se produjo "sin que los expedientes estuvieran resueltos y sin ninguna causa objetiva recogida en los estatutos de JUCIL".
La plataforma Regeneremos Jucil, impulsora de la acción judicial, representa a un grupo de afiliados que lleva meses denunciando públicamente la “opacidad” en la gestión de la actual cúpula del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Alertan de una “deriva autoritaria” que pone en riesgo los principios fundacionales de la asociación, basada, recuerdan, “en la participación democrática y la defensa de los derechos profesionales de los guardias civiles”.
Entre sus principales críticas figuran “la exclusión de socios por razones políticas internas, la ausencia de rendición de cuentas y un creciente control del poder de decisión por parte de una cúpula cada vez más cerrada”.
Denuncia penal por presunta malversación
A esta crisis organizativa se suma una denuncia penal interpuesta el pasado 10 de febrero también en León. En ella, el secretario general de JUCIL es acusado de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, en relación con el uso de fondos de la asociación.
Entre las irregularidades recogidas en la denuncia se detallan el uso de la tarjeta corporativa de Jucil "para pagar gastos personales, incluidos hoteles, comidas en restaurantes y compras sin relación con la actividad asociativa", además de la "manipulación de registros contables" con el fin de justificar dichos gastos como reuniones de trabajo, la duplicación de gastos en repostajes y comidas y la "omisión deliberada de ciertos pagos" en los informes oficiales, impidiendo así una fiscalización adecuada.
León, símbolo de una encrucijada
La elección de León como sede judicial de este proceso no es casual. Es en esta ciudad donde está inscrita oficialmente la asociación, lo que convierte al juzgado leonés en escenario clave de una batalla que va más allá de lo personal: “Es un intento de recuperar los valores que hicieron de Jucil una referencia para miles de guardias civiles”, afirman los impulsores de la denuncia.
Con esta nueva fase judicial, los ojos del colectivo profesional se posan sobre el desarrollo de un conflicto que amenaza con fracturar a la asociación en uno de sus momentos más delicados.
