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Un juzgado de León abre diligencias por presunta estafa en el seno de la asociación de guardias civiles

La magistrada del Juzgado número 3 de la capital leonesa destaca que los hechos denunciados por un grupo de asociados que fueron expedientados y a los que se ha impedido participar en la última asamblea "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito"
Javier Montero, Antonio Luis Vazquez y Agustín Leal,  en los Juzgados de León.
Javier Montero, Antonio Luis Vazquez y Agustín Leal, en los Juzgados de León.

El Juzgado de Instrucción número 3 de León ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar una posible trama de estafa y apropiación indebida dentro de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil). La medida se produce tras la denuncia interpuesta por varios miembros de la organización que fueron expedientados y excluidos de la última asamblea.

En su auto, la magistrada encargada del caso subraya que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito”, y justifica así la necesidad de iniciar una investigación judicial para esclarecer los hechos.

Exigen documentación al área de Finanzas

Entre las diligencias acordadas, el juzgado ha requerido expresamente al secretario de Finanzas de Jucil que, en el plazo máximo de un mes, remita toda la documentación justificativa relacionada con los casos señalados en la denuncia.

Asimismo, se solicita que se identifique a las personas que pudieran tener conocimiento o relación directa con los hechos investigados, en una clara intención de delimitar responsabilidades dentro del organigrama de la asociación.

La plataforma crítica pide una auditoría urgente

Los denunciantes están integrados en la plataforma "Regeneremos Jucil", formada por afiliados y antiguos delegados de la asociación que denuncian haber sido purgados por la actual directiva. Desde esta agrupación han señalado la gravedad del procedimiento judicial abierto, que a su juicio confirma la necesidad de una auditoría independiente y una revisión profunda de la gestión económica llevada a cabo por el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil.

"Estamos ante una situación preocupante que pone en entredicho la transparencia interna y los principios con los que nació la asociación", han manifestado desde la plataforma, remarcando su intención de que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.

Un caso que podría marcar un antes y un después

La causa abierta en León ha puesto bajo el foco la gestión económica y organizativa de una de las principales asociaciones profesionales de guardias civiles. En las próximas semanas, la documentación requerida y las declaraciones que se recaben serán clave para determinar si los indicios se traducen en una acusación formal por delitos económicos en el seno de una entidad que representa a un amplio número de agentes en toda España.