Sombras en el subsuelo de Cerredo: cinco muertes, un caso en investigación y el complejo entramado empresarial de los Rodríguez
Son las sombras en el subsuelo, las mismas que ahora analiza un Juzgado de Asturias y las que rodean a un caso que hoy va más allá de la muerte de cinco mineros bajo la tierra que explotaban. El empresario que está detrás de las mina de Cerredo, Jesús Rodríguez Morán, más conocido en el mundillo minero como Chus Mirantes, acumula una trayectoria en la que se entremezclan negocios carboneros, relaciones con entornos rusos y ucranianos y un grave accidente minero, sin olvidar un supuesto caso de tráfico de drogas que aún está pendiente de ser juzgado en Alicante.
En la sociedad no figura su nombre. Blue Solving está administrada por su hijo Adrián, la persona que se hizo cargo de la mina de Cerredo tras el grave accidente en el que falleció un trabajador y otro resultó herido grave en agosto de 2022. Pese a las reiteradas llamadas, el titular no ha querido dar explicaciones en Heraldo de León sobre lo ocurrido.
Aunque actualmente la titularidad de la mina recae en la empresa Blue Solving S. L., administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez, joven empresario de 22 años, el pasado y las decisiones que giran en torno a la explotación minera remiten inevitablemente a su padre, Jesús Manuel Rodríguez Morán.
Trayectoria empresarial
Empresario con una dilatada trayectoria vinculada a los combustibles fósiles, Mirantes arrastra además un caso judicial pendiente por un presunto intento de introducir cocaína en España oculta entre carbón, en una operación policial que se remonta a noviembre de 2014. Según El Mundo, la Fiscalía solicita para él ocho años de prisión y una multa de 13 millones de euros, equivalente al valor del alijo incautado: 390 kilos de cocaína procedentes de Paraguay.
Tras varias manos propietarias, entre ellas Victorino Alonso y Rodolfo Cachero, la mina de Cerredo pasó en octubre de 2021 a ser gestionada por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, vinculada a la matriarca Ana María Rodríguez García. Meses después, en 2022, la titularidad se transfirió a Blue Solving, controlada por el hijo del matrimonio, en una operación que incluía el compromiso de ejecutar el cierre y restauración de la mina con fondos públicos del Plan de Cierre de la Minería de Carbón en España.
Dicho plan, financiado por el Instituto de Transición Justa, preveía una subvención total de 1,6 millones de euros repartidos entre las sociedades de los Rodríguez, de los cuales 927.000 euros correspondían a Blue Solving, según documentación citada por El Mundo. No obstante, estas ayudas estaban condicionadas a actividades de restauración y análisis en superficie, y no a una explotación extractiva activa, tal como recalcó la Consejería de Transición Ecológica del Principado de Asturias.
Sospechas
Sin embargo, las sospechas de actividad irregular no tardaron en aflorar. La empresa fue objeto de denuncias por supuestas extracciones ilegales de carbón, incluyendo una presentada por Promining —relacionada con el propio Victorino Alonso— el 12 de marzo de 2024 ante la Fiscalía, calificando la operación en Cerredo como un "fraude" y asegurando que el carbón extraído estaba siendo vendido a Arcelor.
Tres empresas, tres dudas
Las investigaciones se complican por los antecedentes empresariales de los Rodríguez. Muchas de sus sociedades comparten sedes y administradores, en lo que los medios El Mundo describen como "feudos familiares", con epicentro en una vivienda de San Andrés de Rabanedo (León) y un edificio en la avenida Ordoño II de la ciudad de León. Desde ahí han operado compañías como Carbones de la Vega, Cristal Mining Coal o la extinta Emergicar, esta última implicada en la citada operación antidroga.
El historial judicial incluye una sentencia relevante: la 00320/2017 de la Audiencia Provincial de León, que falló contra la familia Rodríguez en su disputa con el magnate italiano Augusto Ascheri, a quien dejaron sin pagar una remesa de carbón suministrada a través de Emergicar.
Cerredo
El accidente de Cerredo ha puesto bajo la lupa a un modelo empresarial que combina actividades legales con acusaciones graves, irregularidades contables, ayudas públicas cuestionadas y la sombra de actividades delictivas aún por resolverse en los tribunales. Mientras tanto, Heraldo de León ha intentado sin éxito obtener declaraciones directas de los responsables de Blue Solving. En cambio, Jesús Rodríguez Morán ha declarado a El Comercio que "no sé qué pudo pasar. Los fallecidos eran los que se encargaban de todo", apuntando también que son los "primeros interesados" en que se investigue lo ocurrido. Su versión, sin embargo, sigue sin ser verificada.
Este martes la mina se reabrirá para la entrada de los investigadores judiciales, es el primer paso hacia el interior de una explotación condenada por el fallecimiento de los mineros y una empresa cuestionada desde el propio sector.
