Hacienda excluirá despoblación y orografía de la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas un nuevo documento en el que aprecia “un amplio consenso” para descartar la despoblación y la orografía de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, con la oposición de Aragón, Castilla y León y Cantabria.

Así se explicita en un informe confeccionado por el comité técnico permanente de evaluación en relación con la población ajustada. El documento, que fue remitido este pasado jueves a las comunidades, se volverá a analizar el próximo 12 de febrero, cuando este órgano celebrará una reunión preparatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el 26 de febrero.

El texto recoge en sus 13 páginas las discrepancias entre las comunidades autónomas. Pero en lo que se refiere a la despoblación, señala que “todas las comunidades autónomas son partidarias de descartar esta variable”, a excepción de Cantabria, que pide que haya un reparto para todas otorgando más recursos a aquellas con más despoblación; Castilla y León, que propone que se excluyan poblaciones de más de 20.000 habitantes; y Aragón, que ha criticado con dureza al Gobierno. La Rioja, añade, “no se pronuncia al respecto”.

“En definitiva”, concluye, “teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las comunidades autónomas, parece haber un amplio consenso en descartar esta variable”.

Misma línea con la orografía y otras variables. Los expertos señalan que, de las observaciones presentadas, “se interpreta que la mayor parte” de las regiones “no son partidarias de incluir otras variables representativas como las deseconomías de escala, la orografía, los índices de precios, los niveles de renta, los costes de congestión o la población flotante”. En el caso particular de los niveles de renta, aunque hay varias comunidades partidarias de su incorporación, “tienen posicionamientos contrapuestos en cuanto a si debe beneficiar a comunidades autónomas con mayor o con menor renta”.

Aragón, al ataque

El primer presidente en alzar la voz ante contra este documento fue el aragonés Jorge Azcón. Según sus estimaciones, la eliminación de la orografía y la despoblación como criterios correctores supondrá la pérdida de 422 millones de euros cada año para su comunidad, además de los 87 millones que ha dejado de recibir debido precisamente por la despoblación.

Hace solo dos semanas, Azcón rubricó con su homólogo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, una declaración institucional conjunta para revalidar el frente común de la ‘Declaración de Santiago’ –que vincula a seis comunidades más que aún no se han pronunciado– y defender que la nueva financiación autonómica debe “ponderar de forma adecuada el coste real” de los servicios en cada comunidad.

En este sentido, Aragón y Galicia abogan por considerar factores como la dispersión y el envejecimiento. Pero también otros aspectos como “la orografía o la despoblación para fomentar la cohesión territorial”, dos criterios que Hacienda se inclina por eliminar ante el “amplio consenso” que percibe entre las autonomías.

Quita de deuda

Azcón sospecha que “los cambios respecto a la propuesta de 2021 están estrechamente relacionados con los acuerdos del Gobierno de España con sus socios independentistas”, y se “suman a otros privilegios, como la mal llamada condonación de la deuda o el cupo que se pretende impulsar para Cataluña”. “Antes de que el presidente del Gobierno de la nación fuese rehén de sus socios, Aragón salía beneficiado en la propuesta de Hacienda. Ahora pierde 422 millones”, insistió.

Una posición que secundó la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien afirmó que solo espera “chantajes” y “privilegios” para Cataluña en el CPPF. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, auguró que este foro será “un instrumento más del sanchismo para blanquear acuerdos” con el independentismo catalán.

El informe de los técnicos de Hacienda no se hace eco del rechazo mayoritario de las comunidades autónomas a la financiación singular de Cataluña.

Población ajustada

La población ajustada constituye uno de los elementos fundamentales del sistema de financiación autonómica, empleándose como referencia para el reparto de la mayor parte de sus recursos. Está conformada por variables poblacionales -sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios- y otras variables correctivas donde entraría la despoblación, la superficie o los costes fijos.

El comité técnico señala que la mayor parte de las autonomías acepta el empleo de la población ajustada como variable representativa de las necesidades de gasto del nuevo sistema de financiación. No obstante, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana consideran razonable la población ajustada siempre que no suponga variaciones significativas frente a la utilización de la población. Por su parte, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y La Rioja apoyan esta variable de manera transitoria hasta que se pueda analizar el coste real de los servicios públicos que prestan.

Sobre este aspecto, el comité técnico señala que el objetivo del documento remitido es “tratar de identificar puntos intermedios” entre todas las posturas “con la finalidad de alcanzar un trabajo de cierre” en este punto y abordar las siguientes etapas de la reforma “siendo conscientes de que esta no tiene por qué ser la configuración final de la población ajustada, sino que estará supeditada al análisis del resto de bloques”. Precisa que no todas las autonomías se han pronunciado sobre todos los aspectos de cara a una reforma global.

La propuesta de población ajustada supone dar más peso a la sanidad respecto a la financiación actual, de un 38 por ciento a un 40 o 45 por ciento; también a la educación, pasando de un 20,5 a un 25 o 30 por ciento; que los servicios sociales oscilen entre el seis y el diez por ciento, frente al 8,5 por ciento actual, y el resto de servicios pierdan peso hasta un 18 o 20 por ciento. Las variables correctivas prácticamente mantendrían su peso, entre el tres y el cuatro por ciento.

Acuerdo en sanidad

Mientras en el ámbito de sanidad hay una posición mayoritaria a favor de la propuesta de población protegida equivalente, en el ámbito de la educación existen ciertas diferencias sobre si el criterio más adecuado para medirla es población según padrón o a los usuarios reales, aunque el posicionamiento mayoritario es la primera de las opciones.

En cuanto a los servicios sociales, existe cierto consenso en incluir a las personas mayores de 65 años, desglosadas en dos subgrupos de edad ponderados según el porcentaje de dependientes a nivel nacional, aunque hay autonomías que proponen completar la variable o realizar otro tipo de ponderación. También resulta mayoritaria la posición a favor de incluir una variable asociada a la pobreza y el riesgo de exclusión.

Sobre costes fijos relacionados con los gastos por habitante para proveer los servicios en poblaciones con menos habitantes, los expertos apuntan a incluir una variable representativa que se concretaría en un reparto entre comunidades de menos de dos millones de habitantes por tramos de 500.000 habitantes.