La Policía Judicial inspecciona la mina de Cerredo en busca de pruebas tras el mortal accidente

La Policía Judicial de la Guardia Civil, acompañada de especialistas y técnicos, ha accedido este martes al interior de la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, para realizar una inspección minuciosa en el punto exacto donde el pasado lunes tuvo lugar una explosión que provocó la muerte de cinco trabajadores y dejó cuatro heridos graves.

Los agentes han llegado a la zona a primera hora de la mañana, en un despliegue que ha contado también con la presencia de equipos técnicos y personal de salvamento minero, con el objetivo de alcanzar la tercera planta, lugar donde se produjo la explosión mortal. La mina, situada en el extremo suroccidental de Asturias y muy próxima al límite con la provincia de León, permanece clausurada oficialmente, aunque se estaban realizando trabajos puntuales autorizados.

Adriana Lastra

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha reiterado este martes que su prioridad es “saber cuanto antes qué es lo que pasó y qué provocó la explosión”. Lastra ha asegurado que “la Guardia Civil está volcada desde el primer minuto en descubrir lo sucedido”, y ha añadido que irán informando puntualmente conforme avancen las investigaciones.

Preguntada sobre la hipótesis principal, Lastra ha reconocido que “hubo una explosión, y ahora se trata de determinar qué es lo que la provocó”, sin descartar la posibilidad de que se tratara de grisú, un gas altamente inflamable habitual en explotaciones carboníferas. No obstante, ha insistido en que es necesario esperar a los informes técnicos y judiciales para confirmar cualquier causa.

Las autorizaciones

Asimismo, ha señalado la importancia de aclarar si la empresa concesionaria, Blue Solving, “estaba desarrollando los trabajos para los que tenía autorización”, ya que, según explicó, en esa tercera planta donde ocurrió la deflagración “solo estaba permitido retirar material”, al tratarse de una mina clausurada oficialmente.

El suceso ha causado una fuerte conmoción en la comarca y en el conjunto de Asturias, reabriendo el debate sobre las condiciones de seguridad en explotaciones mineras abandonadas o parcialmente inactivas. La comunidad minera, junto con los familiares de las víctimas, exige ahora respuestas claras y depuración de responsabilidades.