Los primeros datos de la tragedia de Cerredo apuntan la "sospecha" de que en la mina se hacían "cosas distintas" a las autorizadas

La tragedia ocurrida el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en la que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos graves por una explosión de gas grisú, ha motivado una nueva actuación judicial. A instancias de la Guardia Civil y de la Fiscalía, el Juzgado de Cangas del Narcea ha recibido una solicitud para nombrar a dos ingenieros de minas con el fin de elaborar un informe pericial que complemente la investigación abierta.

El objetivo de este peritaje, según ha explicado este jueves la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, es «certificar las sospechas» que han surgido sobre las actividades desarrolladas por la empresa Blue Solving, que operaba en la mina bajo licencias limitadas.

"Cosas distintas"

En declaraciones a los medios, Lastra ha señalado que «en principio lo que parece es que en la mina se podrían estar haciendo cosas distintas a las previstas en las licencias concedidas». Aunque ha matizado que aún es «pronto» para extraer conclusiones, sí ha subrayado la necesidad de contar con un análisis técnico que determine si se estaban llevando a cabo labores no autorizadas en el nivel donde se produjo el siniestro.

Blue Solving contaba desde el verano pasado con una licencia para la investigación de minerales con fines de grafito en el nivel uno de la explotación, y otra para la recuperación de estructuras y materiales en el nivel tres, el mismo en el que tuvo lugar la explosión. No obstante, no disponía de permiso para extraer carbón, actividad que podría haber estado realizándose de forma irregular.

El Fiscal Delegado de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís, fue quien formalizó la solicitud del peritaje al juzgado, tras haber participado en la inspección ocular que se llevó a cabo el martes en el interior de la mina junto a agentes de la Guardia Civil.

Expertos

Lastra ha señalado que la designación de expertos en minería para este tipo de casos es una práctica habitual, ya que ni la Policía Judicial ni la Fiscalía cuentan con conocimientos técnicos suficientes en la materia. El informe que se derive de esta intervención será clave para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas por parte de la empresa.

Mientras tanto, continúa la instrucción judicial y se mantienen abiertas las diligencias que buscan dar respuesta a las familias de las víctimas y esclarecer lo ocurrido en uno de los accidentes laborales más graves en Asturias en los últimos años.