El presidente del Principado apunta a Blue Solving
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha instado a esclarecer las posibles responsabilidades en el accidente ocurrido en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores perdieron la vida. En sus declaraciones, Barbón ha hecho referencia directa a la empresa encargada de las labores en la explotación, Blue Solving, subrayando la necesidad de "poner nombres encima de la mesa".
Durante un encuentro con los medios previo a su reunión con el ministro de Transformación Digital, Óscar López, Barbón detalló que Blue Solving disponía de autorización únicamente para realizar tareas de retirada de materiales en el tercer nivel de la mina. “Y todo apunta, habrá que confirmarlo, a que pudiera estar haciendo cosas distintas a las que tenía autorizadas”, señaló.
El presidente asturiano explicó que la Comisión de Seguridad Minera, conformada por técnicos especializados, representantes sindicales y profesionales del sector, se ha constituido como un órgano autónomo para investigar en profundidad lo sucedido. Según sus palabras, se trata de una “comisión de investigación propia” con el objetivo de esclarecer el contexto del siniestro.
Refuerzo en el juzgado
Barbón también informó de gestiones realizadas con el Gobierno central, destacando su conversación con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien solicitó un refuerzo de personal judicial para el juzgado que lleva la causa. “Ayer mismo hablé con él para pedirle un refuerzo para el Juzgado de Cangas, que es el que tiene que investigar para que no se ralentice la investigación”, expresó.
Respecto a las posibles irregularidades en la explotación minera, Barbón ha afirmado que el contrato con la empresa se formalizó conforme a la legalidad vigente. “El acuerdo con la empresa se hizo de acuerdo al plan que tenía y la licencia que tenía. Más contundencia creo que no puedo aplicar”, defendió.
Las familias
El jefe del Ejecutivo autonómico recordó también que desde el año 2022 se habían llevado a cabo ocho inspecciones en la mina sin detectar infracciones. “No se manifestó ninguna irregularidad”, insistió, y añadió que el último informe, fechado en septiembre del pasado año, tampoco recogía actividad extractiva no autorizada.
Para concluir, Barbón reiteró el compromiso de su gobierno con las familias afectadas: “Las familias quieren justicia y que se sepa qué sucedió realmente, y la empresa Blue Solving estaba actuando fuera de la legalidad”.
