Vox denuncia irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha lanzado duras críticas contra la gestión del equipo de gobierno liderado por la UPL, señalando que las irregularidades en las contrataciones están perjudicando gravemente a los empresarios locales. El procedimiento utilizado por la corporación "vulnera el marco legal establecido", según la agrupación, "lo que ha llevado al Tribunal de Cuentas a tener conocimiento de los errores cometidos".

La formación política asegura que las empresas son las principales afectadas por estas prácticas, ya que no pueden cobrar por los servicios prestados debido a la falta de cumplimiento legal en los procesos de contratación. En este contexto, Vox ha anunciado que votará en contra del reconocimiento extrajudicial de crédito en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves 27 de marzo. "Con nosotros que no se cuente para este tipo de actuaciones irregulares".

El portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, acusa al equipo de gobierno de "actuar con soberbia, ya que solo tienen seis ediles de 21, falta de diálogo y transparencia". "A la UPL le da igual todo, gobiernan el Ayuntamiento como si fuera una asociación, responsabilizando al resto de sus graves errores y jugando a su antojo con el dinero de los ciudadanos, ejecutando una gestión irresponsable y perjudicial para los intereses públicos y empresariales".

Regularizar los procedimientos legales para las contrataciones

Vox exige a la alcaldesa que regularice los procedimientos legales para las contrataciones y permita que las empresas puedan cobrar sin trabas administrativas. Además, instan a dividir las facturas pendientes por proveedor para garantizar una mayor claridad y cumplimiento normativo.

La forma "irregular" de contratación de empresas en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo afecta negativamente a la economía local de varias maneras. En primer lugar, según afirman desde Voz, con perjuicios a las empresas locales, "ya que no pueden cobrar rápidamente por los servicios prestados debido a la falta de cumplimiento legal. Esto genera inseguridad financiera y dificulta su sostenibilidad en el mercado local". También exponen como consecuencia la inestabilidad económica, asegurando que "la falta de transparencia y legalidad en los procesos de contratación puede desalentar la inversión y la creación de empleo en la zona. Un marco normativo estable y transparente es esencial para atraer inversión y fomentar el crecimiento económico". Por último, exponen una falta de confianza institucional, explicando que "la percepción de irregularidades en la gestión municipal puede erosionar la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones locales, lo que a su vez afecta negativamente la economía local al disuadir inversiones y proyectos empresariales".

"Una contratación irregular y opaca no solo perjudica a las empresas locales, sino que también debilita la economía local al desalentar la inversión, aumentar los costes administrativos y erosionar la confianza en las instituciones", finalizan.