Nadie puede morir así en el siglo XXI
Recientemente se recordó en los medios de información locales la explosión de grisú en el pozo Emilio del Valle de la localidad leonesa de Santa Lucía, en el municipio de La Pola de Gordón. El accidente costó la vida a seis mineros de la empresa Hullera Vasco-Leonesa que trabajaban a casi 700 metros de profundidad el 28 de octubre de 2013.
El juicio sentó en el banquillo a un total de 16 acusados de homicidio y lesiones imprudentes (hubo además cinco trabajadores heridos de gravedad), y quedó visto para sentencia nada menos que casi diez años después, el 30 de marzo de 2023, sin que desde entonces haya sentencia alguna, al parecer porque la jueza que presidió la vista sigue de baja laboral, según leo con perplejidad.
Aquella fue una de las vistas más dilatadas celebradas en las últimas décadas en León, con más de medio centenar de testigos, 25 peritos, una decena de abogados de la acusación y otros tantos de la defensa, además del fiscal. Durante dos meses se intentó esclarecer si el accidente fue un episodio imprevisible, como sostuvieron los acusados, o si hubo señales de alerta ignoradas, según estimaron las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal.
Sin que el caso se haya resuelto en los tribunales -ya van dos años recordándolo en los periódicos-, la mina ha vuelto a ser noticia trágica ayer con el fallecimiento de cinco trabajadores, todos de León, en el pozo Cerredo, situado el concejo asturiano de Degaña, al parecer también por una explosión de grisú. En esta misma explotación hubo varios accidentes en los últimos años en los que perdieron la vida y resultaron heridos varios mineros, el último en 2022.
Si la justicia es tan lenta resolviendo los casos que se le presentan - hasta el punto transcurrir doce años sin que haya una resolución-, y si los accidentes en las minas siguen costando vida humanas como acaba de ocurrir nuevamente, habrá que pensar que ni la justicia actúa con la diligencia y respeto
Si la justicia es tan lenta resolviendo los casos que se le presentan - hasta el punto transcurrir doce años sin que haya una resolución-, y si los accidentes en las minas siguen costando vida humanas como acaba de ocurrir nuevamente, habrá que pensar que ni la justicia actúa con la diligencia y respeto que merecen las vidas de los fallecidos y sus familias, ni que el trabajo de minero ofrece las condiciones de seguridad suficientes para que no se repitan accidentes mortales en una misma explotación.
Lo primero me parece una flagrante falta de respeto y sensibilidad hacia los familiares de las víctimas, por parte de la justicia con su retardado proceder, y lo segundo una posible negligencia y desconsideración hacia las condiciones laborales de los trabajadores, por parte de la empresa explotadora.
Desconozco si Yolanda Díaz estaba al tanto de los doce años de dilación de la ley en el caso de los seis mineros muertos en el pozo Emilio del Valle
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo visitó la localidad leonesa de Villablino para solidarizarse con el dolor de los familiares de los mineros fallecidos. También dijo que "el peso de la ley" caerá sobre los "posibles responsables" del accidente de la mina de Cerredo. Desconozco si Yolanda Díaz estaba al tanto de los doce años de dilación de la ley en el caso de los seis mineros muertos en el pozo Emilio del Valle.
Duelen aquellas y estas muertes de ahora, mucho más sabiendo que los trabajadores pertenecían a lo que se ha dado en mal llamar la España vacía y es, llana y simplemente, la España abandonada, porque en el siglo XXI, como dijo la ministra, nadie puede morir así.