USO denuncia el incumplimiento de la Junta de Castilla y León en el proceso de estabilización sanitaria
El sindicato USO denuncia el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León, y en particular de la Consejería de Sanidad, de los plazos establecidos en el proceso selectivo de estabilización. "Esta situación está generando graves perjuicios, especialmente para aquellas personas que han superado dicho procedimiento y que deberían haber conseguido su estabilización en el Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL)."
De acuerdo con el calendario oficial, todo el personal afectado por este proceso debería estar ocupando su plaza desde el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, a día 3 de abril de 2025, una gran cantidad de categorías profesionales continúan sin estabilizarse, lo que afecta particularmente a colectivos numerosos dentro del sector sanitario, como enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y celadores.
Una escasez de profesionales evidente
"Resulta especialmente preocupante que, en lugar de priorizar la fidelización de profesionales sanitarios, cuya demanda en el mercado laboral es elevada y cuya escasez se hace cada vez más evidente, la Administración autonómica haya optado por desentenderse de esta problemática. La falta de estabilidad laboral impide a muchos profesionales organizar su vida personal y familiar, pues llevan ya cuatro meses esperando su incorporación, enfrentándose a constantes demoras y a una falta de información clara y veraz sobre los plazos definitivos", denuncian desde el sindicato USO.
USO considera que este incumplimiento genera múltiples perjuicios para los empleados públicos afectados. "En primer lugar, el retraso en la estabilización les impide participar en los concursos de traslados, lo que representa un agravio comparativo respecto a aquellos profesionales que ya han conseguido su plaza en propiedad. Además, quienes han superado los procesos selectivos y deberían haber iniciado su actividad laboral se ven obligados a retrasar su incorporación, quedando en muchos casos en una situación de precariedad económica y sin ingresos. Esta circunstancia compromete gravemente su sustento y su futuro profesional."
Consecuencias a largo plazo
Adicionalmente, alertan de que el retraso en la asignación de plazas puede afectar negativamente a la antigüedad de estos trabajadores dentro de la Administración, lo que repercutirá en futuras promociones internas, traslados o procesos de movilidad laboral.
Es decir, las demoras actuales no solo perjudican la situación inmediata de los trabajadores afectados, "sino que podrían generar desigualdades a largo plazo dentro de la carrera profesional de los empleados públicos."
Desde el sindicato USO Sanidad Castilla y León reconocen la complejidad de este proceso administrativo. No obstante, "se considera inaceptable que, a pesar de haber contado con tiempo suficiente para su resolución, la Junta de Castilla y León no haya cumplido con los plazos previstos. Esta situación es consecuencia directa de un prolongado fraude de ley cometido contra el personal eventual de la Administración pública durante muchos años, una práctica negligente que ha generado inestabilidad y precariedad en el sector sanitario".
Incumplimiento de la Ley, según USO
El sindicato acusa a la Junta de Castilla y León de estar incumpliendo lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. "Esta normativa se aprobó precisamente con el objetivo de corregir los abusos en la contratación temporal dentro de las administraciones y garantizar que los procesos de estabilización se llevaran a cabo en tiempo y forma".
Por todo ello, USO Sanidad Castilla y León exige "la incorporación inmediata de todas las categorías profesionales pendientes de estabilizar en sus respectivos puestos de trabajo". Asimismo, reclama "la apertura de un concurso de traslados extraordinario, dado que los profesionales afectados deberían haber podido optar al concurso de traslados ordinario si su estabilización se hubiera completado en la fecha prevista, el 31 de diciembre de 2024".
"Desde el sindicato se hace un llamamiento a la Administración autonómica para que actúe con responsabilidad y celeridad en la resolución de esta situación, garantizando los derechos laborales de los profesionales sanitarios y evitando que continúen sufriendo las consecuencias de una gestión ineficaz y negligente", han concluido.
