Dudas razonables sobre Cerredo

Hay dudas razonables sobre lo que ocurrió antes de la tragedia en Cerredo. Dudas que se multiplican a medida que las horas avanzan.

El Principado de Asturias admitió en 2023 que la empresa titular de la explotación de Cerredo, en la que el pasado lunes se produjo una explosión en la que fallecieron cinco trabajadores, no operaba de manera "normal".

Sin embargo, siete meses después, la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz (hoy consejera de Transición Ecológica), se reunió con los responsables de la compañía y autorizó un permiso de "investigación" que permitió a la firma acceder al interior de la mina, según informa La Nueva España.

Alerta

El suceso ha generado una fuerte polémica política y ha llevado a la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, a exigir explicaciones. Según López, a principios de marzo de este año, una empresa privada del sector minero remitió un informe al Principado alertando sobre presuntas irregularidades en la mina de Cerredo, que operaba sin la licencia pertinente. En dicho informe se solicitaba la paralización inmediata de la actividad, pero no se actuó al respecto.

López también ha señalado que el informe alertaba de irregularidades en la mina de Ibias y que, en paralelo, el Gobierno de Castilla y León sí tomó medidas al suspender la explotación minera en Laciana por circunstancias similares. "El Ejecutivo de Barbón no hizo nada", criticó la portavoz de Vox, insistiendo en que la responsabilidad del Gobierno autonómico debe ser investigada.

Petición de comisión de investigación

Desde Vox han reclamado la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado para esclarecer posibles responsabilidades políticas en la gestión de la mina. "No se trata solo de exigir cuentas a la empresa, también hay una responsabilidad política que debe depurarse", insistió López. No obstante, el grupo parlamentario de Vox, con solo cuatro diputados, necesita el apoyo del PP para impulsar la comisión, por lo que ya han trasladado su petición a la formación popular.

Además del informe de marzo, Vox recordó que el Servicio de Seguridad Minera del Principado había detectado en 2022 indicios claros de extracciones irregulares en la mina de Cerredo. Esa alerta surgió tras un accidente en el que un trabajador falleció y otro sufrió graves heridas, incluida la amputación de una pierna. Pese a estos antecedentes, en 2023 la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, otorgó una autorización administrativa que, según la denuncia de Vox, no se hizo pública.

Fotos y vídeos

El partido también sostiene que en septiembre de 2023 un vecino de Degaña remitió al Gobierno autonómico fotografías y vídeos que evidenciaban la explotación minera sin las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, denuncian que nuevamente no se tomaron medidas.

"Los datos conocidos hasta ahora arrojan muchas dudas. Se estaban realizando labores de explotación con una autorización de investigación y con el conocimiento del Gobierno. Es fundamental que se investigue tanto a la empresa como las posibles responsabilidades políticas", concluyó López, reiterando la necesidad de una comisión parlamentaria para esclarecer los hechos.